Si tuviéramos que definir cuál ha sido el pilar básico sobre el que se ha sustentado la "fe" del frenteamplismo, el "credo" de nuestro proyecto político, no vacilaríamos en decir que fue en nuestra lucha intransigente contra el despotismo. Despotismo que avasallaba las libertades y las garantías individuales, clausuraba medios de prensa, y reprimía los movimientos populares, sindicales y estudiantiles. Despotismo que ya desde la década del 60 se había enquistado en los partidos tradicionales, y que hizo eclosión durante el gobierno de Pacheco Areco (por algo los mejores hombres blancos y colorados debieron abandonar sus partidos para fundar el FA: Zelmar, Erro, Alba Roballo, por sólo citar a los más destacados). Despotismo que apañaba a los escuadrones de la muerte y a las bandas fascistas que actuaban con total impunidad. Despotismo que institucionalizó la tortura y que alcanzó su clímax durante la dictadura profundizando a extremos inconcebibles el terrorismo de estado. Terrorismo de estado que tuvo por finalidad sojuzgar a todo el pueblo uruguayo, pero antes que nada, aniquilar a toda la izquierda, y de ser posible, borrarla de la faz de nuestra tierra. Claro está, les fue imposible: dimos nuestra mejor lucha y no pudieron vencernos. Esa lucha, en la que no claudicamos ni un ápice por el pleno goce de las libertades y el restablecimiento de la Democracia, fue la que terminó por moldearnos en lo que hoy somos. Por supuesto que debimos pagar un precio muy alto: perdimos a nuestros mejores hombres asesinados o desaparecidos; miles de compañeros debieron sufrir la cárcel y la tortura, y muchos miles más, debieron marchar al exilio. Y a pesar de todo, nunca entregamos ni un pedacito de nuestro sueño y siempre estuvimos en la primera línea de la defensa de nuestro proyecto. Gracias a ello, hoy somos gobierno y estamos cambiando a este bendito país. Ese sentimiento, tan poderoso que se confunde con nuestros ideales, nos dio la fuerza para superar las peores adversidades.


Desgraciadamente, el tan comentado proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, conocido como de reparación, no hace más que herir de gravedad este sentimiento. Es una infamia contra la esencia misma del frenteamplismo y de su justa lucha, desdibujando verdades históricas que jamás fueron discutidas en el seno de la izquierda, y que ahora, de hecho, quedan en tela de juicio con esta iniciativa.

Antes que nada, este proyecto intenta erigir a los "caídos por la sedición" en mártires que defendieron la Democracia. Esta grosera falsedad histórica denigra nuestra gesta. Iguala a nuestros luchadores sociales que sacrificaron sus vidas por salvar a nuestro país de las garras del totalitarismo, con estos caídos, que en su inmensa mayoría, no fueron otra cosa más que asesinos a sueldo y torturadores sicópatas que gozaban infligiendo dolor. Que se los quiera hoy reivindicar y mostrar como caídos por la defensa de la Democracia, y que esto lo haga el diputado García Pintos está muy bien. Sus caídos nunca supieron nada del respeto a las libertades, del respeto a los Derechos Humanos, y mucho menos, de defender a la Democracia. Él es el más eximio, y seguramente último, representante de un Uruguay fascista de nostálgicos golpistas y terroristas de estado que nunca debió ser. Pero lo que no podemos aceptar, bajo ningún concepto, es que nuestro gobierno progresista haya hecho suyo este proyecto de ley que hiere en lo más profundo el sentimiento frenteamplista del que antes hablábamos, y que termina por convertir a los luchadores sociales en asesinos, y a los asesinos, en defensores de las Instituciones Democráticas. Este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo es un acto que mansilla nuestro honor, injuria nuestra memoria y menoscaba la lucha de la izquierda uruguaya de los últimos cuarenta años.

Se ha dicho en defensa de este proyecto, ofendiendo nuestra inteligencia, que todos los muertos son iguales. Esto ni siquiera es cierta para las circunstancias inevitables de nuestro acontecer cotidiano. Pero mucho menos lo es en la perspectiva histórica de aquellos tristes años. Los pueblos sólo honran la memoria de los muertos que han tenido una vida de entrega, una vida de valor y de virtudes, una vida digna de imitar. Por esto sobreviven en el corazón del pueblo, aún luego de haber dejado de existir. Nuestros muertos y desaparecidos entregaron su vida por la restitución de las libertades y la Democracia de nuestro país, dieron la vida para que el FA lograra sobrevivir al intento de exterminio y aniquilamiento que la dictadura y sus acólitos blancos y colorados tenían planeado para nuestra fuerza. Ellos fueron en vida ejemplo incuestionable de la lucha desinteresada tras un ideal. Es cierto, sí hubo otros muertos, los que en vida fueron asesinos a sueldo, los que gozaban matando, torturando y violando a indefensos, los que fueron el brazo ejecutor del terrorismo de estado. ¿Fueron iguales mientras vivieron? Claro que no. ¿Son iguales después de muertos? Por supuesto que tampoco. Cómo no honrar, entonces, la memoria de Zelmar, para citar tan sólo a uno de nuestros mejores hombres. Pero, ¿qué ejemplo daría a mis hijos si no repudiara la reivindicación que se quiere hacer con este proyecto de siniestros personajes, como Acosta y Lara o Morlán Charquero, quienes fueron integrantes de los escuadrones de la muerte? No compañero Presidente, se equivoca: no todos los muertos son iguales, por todo lo antedicho, pero además, fíjese en nuestros desaparecidos: no se sabe la verdad de sus muertes, no han tenido un digno sepelio y sus familiares no han podido guardar el tan necesario duelo por la pérdida del ser querido. Ni siquiera en esto han sido iguales.


Para colmo de males, este proyecto establece, como un hecho revelado, la falsedad histórica --tantas veces manida por la derecha-- de que en este país existió un conflicto armado. Nada más alejado de la verdad. Repasemos brevemente aquellos días. Durante la dura represión que llevó a cabo Pacheco Areco a partir de 1968, la tortura y la muerte de militantes y estudiantes de izquierda comienzan a volverse moneda corriente. Se organizan con total impunidad los escuadrones de la muerte con participación de militares, policías y políticos de extrema derecha. Ya con el futuro dictador Bordaberry como presidente, y con la sanción de la ley que declaraba el Estado de Guerra Interno que blancos y colorados votaron, las fuerzas represoras despejaron las pocas piedras que aún tenían en el camino para cometer todo tipo de atropello. Por su parte, durante este período, los ataques guerrilleros propiamente dichos, nunca llegaron a alcanzar un nivel mínimo de conflicto bélico. Y para 1972, por si quedaba alguna duda, el escaso aparato militar de la guerrilla ya estaba totalmente derrotado y desmantelado. Así que queda claro que de haber existido lucha armada esta habría finalizado para ese año. Lo que vino después todos lo conocemos. Lamentablemente para junio del 73, la cruda realidad demostró que los únicos terroristas que asolaban las calles eran las propias Fuerzas Conjuntas. La represión fue demencial, encarcelando a cualquier sospechoso u opositor (el Cilindro quedó lleno de presos políticos). Nunca dejaron de torturar, de vejar y de violar a mujeres y a hombres, aunque sólo fueran militantes o simples simpatizantes. Y esto, en cualquier lugar del mundo, no es otra cosa que brutal terrorismo de estado. En los humillantes allanamientos que se habían vuelto cosa de todos los días, no sólo se llevaban encapuchados a los presuntos sediciosos, sino también todos los objetos de valor que encontraban a su paso. No alcanzó con la tortura, ni con las ejecuciones, ni con las desapariciones, ni con los recién nacidos arrebatados a sus madres, ni con los miles de presos políticos, ni con las decenas de miles de exiliados que el régimen cosechó en sus primeros años. Tampoco alcanzó con los ciudadanos categoría C, ni con los destituidos, ni con los proscriptos. El aparato del terror siguió matando y torturando sistemáticamente hasta el último día de su abominable existencia. No debemos olvidar el asesinato del Dr. Roslik en plena "apertura", ni las torturas y violaciones que sufrieron las estudiantes del I.P.A. por los aparatos de represión en los estertores del proceso. Pero vaya casualidad, el humilde médico de San Javier asesinado en la tortura no va a ser reparado por este proyecto. Qué pena, ¿no?, compañero Vicepresidente, que seamos tan generosos para indemnizar con cifras astronómicas a los que ejercieron el terrorismo de estado y no a los indefensos ciudadanos asesinados en la tortura después de 1976. Aunque, para ser sinceros, esto más que apenarnos, nos indigna.


A decir verdad, las últimas acciones que ha tomado el gobierno sobre los Derechos Humanos, --no sólo por este proyecto-- nos han dejado perplejos. Mucho nos asombró que se hubieran abandonado las excavaciones en búsqueda de nuestros desaparecidos. Se sabe que en la interna militar se ocultó información, se desvió la atención, y mucho se podría sacar a luz sobre la verdad, si se impusiera con toda su fuerza la voluntad del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, seguimos esperando.

Junto a este proyecto se empezó a hablar del día del "Nunca Más". Ahora, ¿no resulta ingenuo pretender que el "Nunca Más" surja por decreto? Creemos que sí. Ese día, no tengamos duda, que llegará, pero no será por la voluntad de la letra fría, sino que será por la voluntad popular. Será cuando nuestro pueblo les arranque a los gorilas toda la verdad. Será cuando las Fuerzas Armadas se hayan depurado y hayan eliminado a todos los nostálgicos de aquellos terribles días. Será cuando hayamos puesto a nuestro Ejército al servicio fiel de su pueblo, como ordena el mandato Artiguista. Será cuando los militares reconozcan, desde el corazón, que hicieron un enorme daño a sus hermanos Orientales, desde que se convirtieron en el brazo armado de la oligarquía nativa, hasta que culminaron siendo los ejecutores del terrorismo de estado. Será cuando anulemos la ley de caducidad. Será cuando obtengamos toda la Justicia. Y como bien sabemos, todo esto no puede imponerse por decreto, sólo será realidad plena cuando terminemos de conquistarlo.

No podemos dejar de decirlo. No había un solo compañero que no estuviera profundamente orgulloso por lo que el gobierno progresista había conseguido en el terreno de los Derechos Humanos. Ahora, luego de estos hechos, algunas cosas parecen haber cambiado. Todos estos actos nos dan la terrible sensación que se quiere terminar con el tema, que se quiere dar vuelta la página, como se ha dicho tantas veces. Y esto sí que nos deja sin palabras y pensando: ¿no nos habremos enfermado del síndrome de los ojos en la nuca? Claro está, no nosotros los frenteamplistas de a pie --que seguimos con nuestros sentimientos más prendidos al corazón que nunca--, pero sí algunas de las esferas de nuestro gobierno. Quizás que haya llegado la hora de asumir, nosotros mismos, la defensa de la voluntad popular para que no se desdibuje nuestra esencia, incluso ante nuestro propio gobierno. En este tema, como seguramente también, en otros.