Ya era hora. Se acaba de conocer en qué consistirá la tan mentada reforma del Estado, y como nos temíamos, parece que ésta se quedará exclusivamente enfocada en la mejora de la gestión, prescindiendo completamente de los aspectos que hacen a los nuevos roles que debería asumir el Estado del Gobierno Progresista, en un todo de acuerdo a como los define, inequívocamente, nuestro programa. Ha sido el propio Presidente quien le ha dado la trascendencia que ésta se merecía al referirse a ella como la "madre de todas las reformas". Definición estupenda, si las hay, si pensáramos que a partir de dicha reforma deberíamos estar pariendo un "hijo pródigo": un nuevo Estado que planifique, que regule, que intervenga directamente en lo económico, que distribuya, que en definitiva, haga honor a nuestro proyecto de izquierda.
¿La mejora de la gestión alcanza? Pues bien, mientras que algunos insistimos que el punto neurálgico de esta reforma debería estar enfocado en el nuevo rol del Estado, nuestros gobernantes, en cambio, parecen reducirla a la mejora de la gestión, en abrir la posibilidad de asociaciones con privados, y en que algunos aspectos del quehacer estatal pase a ser regulado por el derecho privado. Corresponde, entonces, que nos hagamos la pregunta del encabezado.
Y la respuesta, es bien sencilla. Nadie duda, ni un segundo, que la mejora de la gestión en todo el aparato estatal es imprescindible, impostergable, y además, debe ser contundente. Este país ya no resistía más seguir con el Estado que apañaron los partidos tradicionales en los últimos, --por lo menos--, ochenta años. Por esto aplaudimos que el Frente Amplio, desde el vamos, se haya dedicado a desterrar el acomodo, el clientelismo y la corruptela dentro de la esfera de la actividad pública. Está mejor aún que ahora se aboque de lleno a optimizar la gestión con la creación de modelos de administración más funcionales que eliminen la burocracia: Centros de Atención Ciudadana con Oficinas especializadas en todo el país, Centros de Atención al Usuario en los ministerios, instalación de Call Centres y el Portal del Estado Uruguayo para hacer consultas y trámites por teléfono o vía Internet. Pero si nos quedamos solamente en esto, estaremos volviendo viable el quehacer de un Estado que fue concebido para otro tipo de país y para un modelo de organización social que está en las antípodas de aquella por la que venimos luchando desde siempre. Por esto, somos unos convencidos que la mejora en la gestión, aún siendo imprescindible e impostergable, es sólo una condición necesaria pero no suficiente, como diríamos en matemáticas. Nuestra identidad ideológica, nuestros postulados, sólo quedarán demostrados cuando, también, nos dediquemos a construir un Estado que defina nuevos roles como se establece en nuestro programa de Gobierno. Pero hasta ahora, lamentablemente, esto ha quedado relegado a un segundo plano.
El Estado y las grandes desigualdades sociales. Pues bien, cada vez que surge una visión encontrada entre compañeros, nada mejor que recurrir a nuestro programa. En sus propuestas deberíamos dirimir las diferencias. Veamos, entonces, que nos dice sobre este particular: "El Estado contribuirá a resolver las cada vez más grandes desigualdades sociales existentes en el país y tendrá una presencia activa y directa en las áreas estratégicas de la economía, desarrollando firmemente su función de articulación y su rol regulador". Por lo tanto, no pedemos evitar hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles grandes desigualdades sociales ha resuelto el Estado, este Estado de un proyecto de izquierda que ya lleva dos años y medio de gobierno? Nos dirán con toda razón que de esto se ha encargado el Plan de Emergencia. Es cierto, pero el Plan de Emergencia no ha resuelto ninguna desigualdad social, ni grande ni chica, simplemente ha asistido a quienes están en la indigencia. No creemos equivocarnos si decimos que el 9o% largo de nuestros hermanos más pobres siguen dependiendo de esta ayuda para seguir subsistiendo, y así no volver a caer en la indigencia. Gracias al mercado llegaron al triste lugar de marginación donde estaban, eso está absolutamente claro, pero todavía el Estado no les ha brindado las armas para que resuelvan sus problemas de fondo. Si se cortara esta asistencia, (que de un modo u otro se va a continuar con el Plan de Equidad) estos compatriotas de inmediato volverían a su situación anterior. Desgraciadamente, poco hemos hecho para revertir esta vergonzosa realidad, por lo menos de una forma profunda, de la forma que asegure que no tendrá vuelta atrás.
Pero, por si fuera poco, y aunque nos duela en el alma, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en estos dos años y medio. Sólo el Estado con acciones decididas, de esas que sí muevan las raíces de los árboles, podría torcerle el rumbo a esta creciente desigualdad. Sin embargo, el Gobierno Progresista no ha tomado ninguna medida sustancial para que esto deje de suceder. Un solo ejemplo. El 10% de los uruguayos más ricos fue el gran beneficiado durante el primer año de las políticas progresistas: aumentó casi en un 1% más su participación en la distribución del ingreso, llegando a acumular el 34% del total. Algunos de nuestros máximos dirigentes parece que fueran remisos en hacer participar al Estado en estos temas, por aquello que tantas veces hemos oído decir de sus propias bocas: "tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario", que es una forma elegante de establecer que "cuanto más mercado mejor". De este modo, seguimos convalidando este sistema perverso de distribución del ingreso. Así, dejamos que sea el "mercado todopoderoso" quien asigne los recursos. De esta forma también, mal que nos pese, seguimos afiliados a un modelo económico que no es el nuestro, al que se ha querido "corregir" con leves retoques.
Un ejemplo claro de esto ha sido la política salarial progresista que ha devuelto a escena a los Consejos de Salarios que en algo "corrigen" las abusivas relaciones del capital frente al trabajo, pero sin modificar significativamente su esencia. Nadie discute que esto haya sido un avance, pero, incluso, sus efectos en términos del aumento del salario real, y por ende, de la distribución del ingreso, aún están muy lejos de ser los esperados. Ni siquiera nos acercamos a los niveles de 1998. Más aún, para empeorar las cosas, en estos mismos días, las propias autoridades económicas están alertando acerca de los peligros de la indexación de los salarios. Ya se ha vuelto restrictiva la política monetaria para frenar la inflación y quedar dentro de la pauta prevista (que ya todos sabemos que será imposible de cumplir) con el riesgo de bajar aún más la cotización del dólar y aumentar las tasas de interés. Y ahora, ¿le tocará el turno a los trabajadores?, ¿será que se volverá regresiva la política salarial, para detener la tan "temida indexación inflacionaria"? ¿Deberemos aceptar, también, que se ponga freno al lento crecimiento que venía experimentando el salario real?
No faltará quien diga que esta mejor distribución la vamos a lograr a través de la Reforma Tributaria, recientemente entrada en vigencia. No creemos que sea así. Todo indica que no habrá variaciones significativas en términos generales. Los sectores medio altos y altos, que son los más afectados, no perderán su "porción de la torta" por este impuesto. Y las capas más desposeídas de nuestra sociedad, quienes supuestamente se iban a beneficiar por efecto de la baja del IRPF respecto al IRP, y a la baja de impuestos indirectos, tampoco tuvieron suerte. Estas bajas quedaron más que absorbidas por los aumentos de precios. Los cálculos de nuestro eficiente equipo económico parece que olvidaron tener en cuenta que los intereses económicos que dominan no están para hacer beneficencia, sino para maximizar su lucro. Por esto, no desperdiciaron la oportunidad de aumentar sus ganancias adueñándose de la baja del IVA y el COFIS mediante un aumento mayor en los precios, previo a la entrada en vigencia de la reforma, que neutralizó la tan comentada baja de éstos, que de hecho, no se dio.
Así mismo, la cosa no se quedó allí, y los precios siguieron subiendo produciendo la carestía que hoy todos vivimos. Carestía que afecta casi exclusivamente a los alimentos de primera necesidad, que seguramente los índices de inflación no reflejarán en toda su magnitud, al menos en cuanto al gran malestar que producen en muchísimas familias uruguayas, sencillamente porque "todo está muy caro para parar la olla". Y este es un malestar real, palpable, que además, se lo adjudica directamente al Gobierno. Este hecho "coyuntural", admitámoslo, está haciendo más mella que dos años y medio de inoperante oposición blanquicolorada. Y parece que no nos diéramos cuenta.
La presencia activa y directa del Estado. Volviendo a nuestro programa, entonces, ¿cuál ha sido la presencia activa y directa del Estado en las áreas estratégicas de la economía, desarrollando firmemente su función de articulación y su rol regulador? Si obviamos lo concretado con ALUR, deberíamos contestar que muy poco. Y es eso justamente lo que los frenteamplistas de a pie pretendemos que el Estado haga: que sea la palanca del desarrollo, que se integre a procesos productivos genuinos, que en definitiva, ayude a los más "desposeídos para que sean los más privilegiados" por obra del trabajo y de la tierra, como hoy ocurre en Bella Unión. Bella Unión que, --no olvidemos-- había quedado condenado a la pobreza extrema y hoy, en cambio, gracias al decidido apoyo e intervención estatal está renaciendo de entre las cenizas: el área cultivada de la caña creció y seguirá creciendo, la producción de azúcar comenzó a exportarse a grandes niveles (y esto no ha hecho que su precio suba para el consumo interno, sino todo lo contrario, se ha logrado bajarlo ostensiblemente). También muy pronto nos dedicaremos a un nuevo rubro de gran futuro: el etanol. No es este un ejemplo claro de cómo el Estado cumple y asegura todos nuestro postulados: país productivo, mayor empleo con trabajo genuino y de buena calidad, beneficio para el consumidor final por la baja de precios, ingresos de divisas para todos y no para el bolsillo individual del gran exportador, eliminación real de la pobreza por los nuevos puestos de trabajo permanentes creados en el área (no trabajo chatarra o precario como es la tónica mayoritaria del crecimiento del empleo en la esfera privada actual). Acciones concretas que, además, aseguran una mejor distribución de la riqueza. No es esto la quinta esencia de lo que pretende nuestro proyecto político. ¿Por qué no hemos reproducido este ejemplo de actividad a todos los niveles posibles? ¿Por qué?
El Estado y la inflación. No nos engañemos, la actual carestía no responde exclusivamente a la suba de los precios internacionales de algunos "ommodities". Bien sabemos que buena parte de la misma responde a la especulación en la oferta de los principales agentes del mercado, que en definitiva, son los decisivos formadores de precios. Ahora bien, en el marco de una sana administración, combatiendo firmemente la corruptela, y divorciados completamente del clientelismo político, como ya hemos demostrado sobradamente que somos los frenteamplistas en todas las áreas estatales que nos ha tocado dirigir, ¿hubieran subido tanto los precios de la canasta básica si existieran, como modernas empresas estatales, un Frigorífico Nacional, una Subsistencias y una ILPE, para el abastecimiento interno, para el control del mercado y de los precios, y hasta para proveer a las propias necesidades del Estado (INDA, Alimentación en Primaria, en Defensa, en Salud Pública, etc.). De haber existido tales empresas estatales, ¿habría que haber negociado esperando gestos de buena voluntad de ciertos actores económicos, cuando la voluntad aparece sólo cuando no se les recorta el beneficio? ¿Tendría que haber perdido el pueblo uruguayo un millón de dólares en recaudación para asegurar que baje el precio de dos cortes de carne? Sinceramente creemos que no.
Que no nos de prurito al decirlo: ¡agrandemos al Estado, achiquemos al mercado! Esta debería ser la madre de todas las consignas para la izquierda en la hora actual. Somos mucho más honestos, eficientes y, lo más importante de todo, tenemos el profundo deseo acunado por más de 30 años de ver nacer nuestro "hijo pródigo": ese Estado que participe, que regule, que dirija, que distribuya y que no lo pique la burocracia. Es el único camino posible que tiene el Uruguay para sentar las bases de los verdaderos cambios impostergables. Si no lo hacemos, perderemos la oportunidad histórica más favorable de conseguirlo, tanto en el ámbito interno, como en el contexto latinoamericano. Y el futuro no suele ser generoso con los pueblos que desperdician sus oportunidades históricas. De nosotros, todavía, depende conquistarlas. Nos quedan dos años y medio para empezar a hacerlo. Desde aquí abajo haremos lo posible para lograrlo.
¿La mejora de la gestión alcanza? Pues bien, mientras que algunos insistimos que el punto neurálgico de esta reforma debería estar enfocado en el nuevo rol del Estado, nuestros gobernantes, en cambio, parecen reducirla a la mejora de la gestión, en abrir la posibilidad de asociaciones con privados, y en que algunos aspectos del quehacer estatal pase a ser regulado por el derecho privado. Corresponde, entonces, que nos hagamos la pregunta del encabezado.
Y la respuesta, es bien sencilla. Nadie duda, ni un segundo, que la mejora de la gestión en todo el aparato estatal es imprescindible, impostergable, y además, debe ser contundente. Este país ya no resistía más seguir con el Estado que apañaron los partidos tradicionales en los últimos, --por lo menos--, ochenta años. Por esto aplaudimos que el Frente Amplio, desde el vamos, se haya dedicado a desterrar el acomodo, el clientelismo y la corruptela dentro de la esfera de la actividad pública. Está mejor aún que ahora se aboque de lleno a optimizar la gestión con la creación de modelos de administración más funcionales que eliminen la burocracia: Centros de Atención Ciudadana con Oficinas especializadas en todo el país, Centros de Atención al Usuario en los ministerios, instalación de Call Centres y el Portal del Estado Uruguayo para hacer consultas y trámites por teléfono o vía Internet. Pero si nos quedamos solamente en esto, estaremos volviendo viable el quehacer de un Estado que fue concebido para otro tipo de país y para un modelo de organización social que está en las antípodas de aquella por la que venimos luchando desde siempre. Por esto, somos unos convencidos que la mejora en la gestión, aún siendo imprescindible e impostergable, es sólo una condición necesaria pero no suficiente, como diríamos en matemáticas. Nuestra identidad ideológica, nuestros postulados, sólo quedarán demostrados cuando, también, nos dediquemos a construir un Estado que defina nuevos roles como se establece en nuestro programa de Gobierno. Pero hasta ahora, lamentablemente, esto ha quedado relegado a un segundo plano.
El Estado y las grandes desigualdades sociales. Pues bien, cada vez que surge una visión encontrada entre compañeros, nada mejor que recurrir a nuestro programa. En sus propuestas deberíamos dirimir las diferencias. Veamos, entonces, que nos dice sobre este particular: "El Estado contribuirá a resolver las cada vez más grandes desigualdades sociales existentes en el país y tendrá una presencia activa y directa en las áreas estratégicas de la economía, desarrollando firmemente su función de articulación y su rol regulador". Por lo tanto, no pedemos evitar hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles grandes desigualdades sociales ha resuelto el Estado, este Estado de un proyecto de izquierda que ya lleva dos años y medio de gobierno? Nos dirán con toda razón que de esto se ha encargado el Plan de Emergencia. Es cierto, pero el Plan de Emergencia no ha resuelto ninguna desigualdad social, ni grande ni chica, simplemente ha asistido a quienes están en la indigencia. No creemos equivocarnos si decimos que el 9o% largo de nuestros hermanos más pobres siguen dependiendo de esta ayuda para seguir subsistiendo, y así no volver a caer en la indigencia. Gracias al mercado llegaron al triste lugar de marginación donde estaban, eso está absolutamente claro, pero todavía el Estado no les ha brindado las armas para que resuelvan sus problemas de fondo. Si se cortara esta asistencia, (que de un modo u otro se va a continuar con el Plan de Equidad) estos compatriotas de inmediato volverían a su situación anterior. Desgraciadamente, poco hemos hecho para revertir esta vergonzosa realidad, por lo menos de una forma profunda, de la forma que asegure que no tendrá vuelta atrás.
Pero, por si fuera poco, y aunque nos duela en el alma, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en estos dos años y medio. Sólo el Estado con acciones decididas, de esas que sí muevan las raíces de los árboles, podría torcerle el rumbo a esta creciente desigualdad. Sin embargo, el Gobierno Progresista no ha tomado ninguna medida sustancial para que esto deje de suceder. Un solo ejemplo. El 10% de los uruguayos más ricos fue el gran beneficiado durante el primer año de las políticas progresistas: aumentó casi en un 1% más su participación en la distribución del ingreso, llegando a acumular el 34% del total. Algunos de nuestros máximos dirigentes parece que fueran remisos en hacer participar al Estado en estos temas, por aquello que tantas veces hemos oído decir de sus propias bocas: "tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario", que es una forma elegante de establecer que "cuanto más mercado mejor". De este modo, seguimos convalidando este sistema perverso de distribución del ingreso. Así, dejamos que sea el "mercado todopoderoso" quien asigne los recursos. De esta forma también, mal que nos pese, seguimos afiliados a un modelo económico que no es el nuestro, al que se ha querido "corregir" con leves retoques.
Un ejemplo claro de esto ha sido la política salarial progresista que ha devuelto a escena a los Consejos de Salarios que en algo "corrigen" las abusivas relaciones del capital frente al trabajo, pero sin modificar significativamente su esencia. Nadie discute que esto haya sido un avance, pero, incluso, sus efectos en términos del aumento del salario real, y por ende, de la distribución del ingreso, aún están muy lejos de ser los esperados. Ni siquiera nos acercamos a los niveles de 1998. Más aún, para empeorar las cosas, en estos mismos días, las propias autoridades económicas están alertando acerca de los peligros de la indexación de los salarios. Ya se ha vuelto restrictiva la política monetaria para frenar la inflación y quedar dentro de la pauta prevista (que ya todos sabemos que será imposible de cumplir) con el riesgo de bajar aún más la cotización del dólar y aumentar las tasas de interés. Y ahora, ¿le tocará el turno a los trabajadores?, ¿será que se volverá regresiva la política salarial, para detener la tan "temida indexación inflacionaria"? ¿Deberemos aceptar, también, que se ponga freno al lento crecimiento que venía experimentando el salario real?
No faltará quien diga que esta mejor distribución la vamos a lograr a través de la Reforma Tributaria, recientemente entrada en vigencia. No creemos que sea así. Todo indica que no habrá variaciones significativas en términos generales. Los sectores medio altos y altos, que son los más afectados, no perderán su "porción de la torta" por este impuesto. Y las capas más desposeídas de nuestra sociedad, quienes supuestamente se iban a beneficiar por efecto de la baja del IRPF respecto al IRP, y a la baja de impuestos indirectos, tampoco tuvieron suerte. Estas bajas quedaron más que absorbidas por los aumentos de precios. Los cálculos de nuestro eficiente equipo económico parece que olvidaron tener en cuenta que los intereses económicos que dominan no están para hacer beneficencia, sino para maximizar su lucro. Por esto, no desperdiciaron la oportunidad de aumentar sus ganancias adueñándose de la baja del IVA y el COFIS mediante un aumento mayor en los precios, previo a la entrada en vigencia de la reforma, que neutralizó la tan comentada baja de éstos, que de hecho, no se dio.
Así mismo, la cosa no se quedó allí, y los precios siguieron subiendo produciendo la carestía que hoy todos vivimos. Carestía que afecta casi exclusivamente a los alimentos de primera necesidad, que seguramente los índices de inflación no reflejarán en toda su magnitud, al menos en cuanto al gran malestar que producen en muchísimas familias uruguayas, sencillamente porque "todo está muy caro para parar la olla". Y este es un malestar real, palpable, que además, se lo adjudica directamente al Gobierno. Este hecho "coyuntural", admitámoslo, está haciendo más mella que dos años y medio de inoperante oposición blanquicolorada. Y parece que no nos diéramos cuenta.
La presencia activa y directa del Estado. Volviendo a nuestro programa, entonces, ¿cuál ha sido la presencia activa y directa del Estado en las áreas estratégicas de la economía, desarrollando firmemente su función de articulación y su rol regulador? Si obviamos lo concretado con ALUR, deberíamos contestar que muy poco. Y es eso justamente lo que los frenteamplistas de a pie pretendemos que el Estado haga: que sea la palanca del desarrollo, que se integre a procesos productivos genuinos, que en definitiva, ayude a los más "desposeídos para que sean los más privilegiados" por obra del trabajo y de la tierra, como hoy ocurre en Bella Unión. Bella Unión que, --no olvidemos-- había quedado condenado a la pobreza extrema y hoy, en cambio, gracias al decidido apoyo e intervención estatal está renaciendo de entre las cenizas: el área cultivada de la caña creció y seguirá creciendo, la producción de azúcar comenzó a exportarse a grandes niveles (y esto no ha hecho que su precio suba para el consumo interno, sino todo lo contrario, se ha logrado bajarlo ostensiblemente). También muy pronto nos dedicaremos a un nuevo rubro de gran futuro: el etanol. No es este un ejemplo claro de cómo el Estado cumple y asegura todos nuestro postulados: país productivo, mayor empleo con trabajo genuino y de buena calidad, beneficio para el consumidor final por la baja de precios, ingresos de divisas para todos y no para el bolsillo individual del gran exportador, eliminación real de la pobreza por los nuevos puestos de trabajo permanentes creados en el área (no trabajo chatarra o precario como es la tónica mayoritaria del crecimiento del empleo en la esfera privada actual). Acciones concretas que, además, aseguran una mejor distribución de la riqueza. No es esto la quinta esencia de lo que pretende nuestro proyecto político. ¿Por qué no hemos reproducido este ejemplo de actividad a todos los niveles posibles? ¿Por qué?
El Estado y la inflación. No nos engañemos, la actual carestía no responde exclusivamente a la suba de los precios internacionales de algunos "ommodities". Bien sabemos que buena parte de la misma responde a la especulación en la oferta de los principales agentes del mercado, que en definitiva, son los decisivos formadores de precios. Ahora bien, en el marco de una sana administración, combatiendo firmemente la corruptela, y divorciados completamente del clientelismo político, como ya hemos demostrado sobradamente que somos los frenteamplistas en todas las áreas estatales que nos ha tocado dirigir, ¿hubieran subido tanto los precios de la canasta básica si existieran, como modernas empresas estatales, un Frigorífico Nacional, una Subsistencias y una ILPE, para el abastecimiento interno, para el control del mercado y de los precios, y hasta para proveer a las propias necesidades del Estado (INDA, Alimentación en Primaria, en Defensa, en Salud Pública, etc.). De haber existido tales empresas estatales, ¿habría que haber negociado esperando gestos de buena voluntad de ciertos actores económicos, cuando la voluntad aparece sólo cuando no se les recorta el beneficio? ¿Tendría que haber perdido el pueblo uruguayo un millón de dólares en recaudación para asegurar que baje el precio de dos cortes de carne? Sinceramente creemos que no.
Que no nos de prurito al decirlo: ¡agrandemos al Estado, achiquemos al mercado! Esta debería ser la madre de todas las consignas para la izquierda en la hora actual. Somos mucho más honestos, eficientes y, lo más importante de todo, tenemos el profundo deseo acunado por más de 30 años de ver nacer nuestro "hijo pródigo": ese Estado que participe, que regule, que dirija, que distribuya y que no lo pique la burocracia. Es el único camino posible que tiene el Uruguay para sentar las bases de los verdaderos cambios impostergables. Si no lo hacemos, perderemos la oportunidad histórica más favorable de conseguirlo, tanto en el ámbito interno, como en el contexto latinoamericano. Y el futuro no suele ser generoso con los pueblos que desperdician sus oportunidades históricas. De nosotros, todavía, depende conquistarlas. Nos quedan dos años y medio para empezar a hacerlo. Desde aquí abajo haremos lo posible para lograrlo.
